El Gobierno rechaza prohibir el uso del hiyab en las aulas

Grupos islámicos estudian demandar al centro madrileño e invocan la libertad personal. El PP exige el veto y el PSOE sostiene que prevalece el derecho a la escolarización



El Gobierno trató ayer de aislar y minimizar el conflicto educativo, político y religioso reabierto por la prohibición del uso del pañuelo islámico, el hiyab, en un instituto de Pozuelo de Alarcón (Madrid). No sin demostrar una cierta incomodidad y diferencias internas, el Ejecutivo y el PSOE rechazaron la petición del PP de impedir por ley el uso del velo e invocaron que debe prevalecer el derecho a la escolarización.

La polémica ha llegado en pleno proceso de elaboración de la ley de libertad religiosa con la que el Gobierno pretende impedir la exhibición de simbología de confesiones religiosas en ámbitos públicos como las escuelas. Y eso sirvió ayer al PP para formular un silogismo. «Si lo que se pretende es quitar símbolos religiosos en los colegios públicos, ¿qué sentido tiene que algunas personas que vienen a España intenten imponer sus símbolos, como el velo, que supone una sumisión de la mujer al hombre?», se preguntó el diputado conservador Rafael Hernando, quien aprovechó para rescatar el discurso duro de su partido respecto al fenómeno migratorio. «Si la comunidad islámica quiere, que cree centros privados pero en los públicos no se nos puede imponer sus símbolos, tienen que integrarse», dijo.

Tolerancia y autonomía

Frente a esta propuesta, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y otros compañeros del Gobierno apelaron a la autonomía de cada centro escolar y a la tolerancia. Caamaño descartó que la futura regulación sobre libertad religiosa entre al detalle de prohibir o regular el uso del pañuelo. De hecho, la ley pretende avanzar en los derechos de las confesiones minoritarias y, por ejemplo, permitirá a los funcionarios llevar el hiyab en el trabajo.

La diputada socialista Carmen Montón trató de diferenciar la prohibición de la simbología de las confesiones religiosas en centros públicos del derecho de cada persona, de cada alumno, a vestir a su manera siempre que no se vulneren los derechos humanos. Montón invoca una razón práctica: la mejor manera de evitar que una menor lleve el hiyab por imposición es ofreciéndole una escolarización que fomente los valores constitucionales.

Diferencias internas

Sin embargo, las diferencias de discurso entre los socialistas fueron ayer evidentes. Mientras la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, insistió ayer en que no le gusta «ningún velo», la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, opinaba que «llevar un pañuelo no molesta a nadie», y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, apuntaba que «los gobiernos también tienen responsabilidades en establecer normas claras al respecto».

El presidente de la Junta Islámica española, Mansur Escudero, pidió que en la norma sobre libertad religiosa «quede claro lo público y lo privado, y preserve que en el segundo caso prime la libertad individual».

Acciones legales

El presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Mohamed Ali, fue más allá y anunció que emprenderá acciones legales contra el instituto de Pozuelo y que sus servicios juridicos se plantean presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. «Estamos trabajando para plantear un islam moderado y hechos como este dan la razón a los radicales, que se aprovechan de casos así», sostuvo Ali.

Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), también avanzó que estudian acciones legales. Las comunidades islámicas temen que se produzca un efecto dominó y que más colegios sigan el ejemplo del instituto público de Pozuelo.

El Movimiento Laico Progresista aplaudió ayer la decisión del instituto, pero censuró que las instituciones sí permitan la simbología católica en los centros. Sin embargo, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos pidió a la Comunidad de Madrid que, como hizo la Conselleria d’Educació en un caso similar en Girona, tome cartas en el asunto y haga prevalecer el derecho a la educación de la menor.