El Frente Nacional de Le Pen elogia el planteamiento del referéndum. El Gobierno y la oposición rechazan seguir el ejemplo. La legislación impide que puedan sufragarse iniciativas religiosas
Marine y Jean-Marie Le Pen
El debate de los minaretes suizos tenía forzosamente que contagiarse al territorio francés. Por razones de vecindario, por la dimensión de la comunidad islámica en el Hexágono y porque Nicolas Sarkozy anda a vueltas con la cuestión de la identidad.
El Frente Nacional de los Le Pen –el padre y la hija– ha elogiado la iniciativa del referéndum helvético, según el cual van a prohibirse los alminares. Pero la posición beligerante de la extrema derecha francesa puede considerarse bastante aislada en la encrucijada.
De hecho, el ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, se ha declarado tan contrario al burka como favorable a los minaretes y las mezquitas. Una de grandes dimensiones va a construirse en Marsella, mientras que otras pendientes realización se encuentran condicionadas a la falta de recursos financieros.
El Estado no puede colaborar en la medida en que la ley sobre el culto y el laicismo aprobada en 1905 impide que puedan sufragarse iniciativas religiosas. Independientemente de que sean éstas cristianas o musulmanas. Es la manera de subrayar la neutralidad institucional, aunque la legislación francesa resulta igualmente elocuente en materia de tolerancia al culto.
Ahí radica el punto de consenso que han alcanzado sin proponérselo el partido gubernamental (UMP) y la oposición socialista. Tanto el uno como la otra abominan del ejemplo suizo y sostienen que los minaretes forman parte de la libertad religiosa. Sin perder de vista los riesgos que implica amalgamar la religión, el extremismo y hasta el terrorismo.
El propio Sarkozy había escrito hace cinco años que prefería los alminares a los garajes clandestinos. Aquéllos eran ejemplo de una integración y de una manifestación pública. Los otros, en cambio, podían alojar todos los fantasmas de la clandestinidad.
El islam es la segunda religión de Francia –6% de practicantes– y forma parte de la identidad de unos cinco millones de personas. Razones por la cuales el Estado y el Gobierno son los primeros en interesarse en evitar que el ejemplo suizo se arraigue al oeste de los Alpes.