Aumenta el acoso hacia la población árabe para frenar su crecimiento
Jornaleros palestinos hacen cola antes de pasar un puesto de control israelí en Cisjordania. Foto: EFE / JIM HOLLANDER
Esta semana se ha conocido que el año pasado Israel despojó a casi 4.600 palestinos de sus derechos de residencia en Jerusalén. La cifra es 20 veces superior a la media anual de los últimos 41 años. Pero no es más que la punta del iceberg. Las medidas israelís para frenar el crecimiento de la población árabe en la capital disputada por ambos pueblos y judaizar su sector ocupado han abocado a decenas de miles de familias a una angustiosa batalla por la supervivencia. La UE lo llama «tratamiento discriminatorio»; otros hablan de «limpieza étnica» a golpe de ordenanza administrativa.
Yusef no quiere que se publique el nombre de su familia. Son cristianos, originarios de Haifa y asentados en Jerusalén desde 1920. Su hermano, Ashraf, es uno de los 14.000 palestinos a los que se ha despojado de sus derechos para vivir en la ciudad desde 1967. Su pecado fue volver a EEUU, donde estudió ingeniería, después de casarse y tener dos hijos en Jerusalén. «El año pasado regresó en un viaje de negocios. Al salir del país le dijeron que Jerusalén había dejado de ser su ‘centro vital’ y que, por lo tanto, ya nunca podría vivir en aquí. Le dieron 48 días para recurrir», cuenta Yusef.
Según la ley israelí, basta con vivir siete años seguidos en el extranjero o recibir la nacionalidad o la residencia en otro país para perder los derechos sobre Jerusalén.
Por «extranjero», Israel entiende también Gaza y Cisjordania. La medida no se aplica a los judíos, que reciben incentivos económicos para mudarse al Estado hebreo.
No a las reagrupaciones
Para Rania Elias, natural de Belén, el problema es distinto. Tras casarse con un músico de Jerusalén, solicitó un permiso de reagrupación familiar para vivir en la ciudad. Tardó seis años en obtener una respuesta: «Denegado». No le extrañó.
Desde el 2002, Israel no concede permisos de reagrupación a los palestinos. «Para ellos soy ilegal cuando lo que es ilegal es la ocupación», protesta Rania.
Rania no está dispuesta a marcharse de Jerusalén, pero reconoce que no es fácil seguir viviendo así. «No puedes conducir o atravesar un control o llevar a tus hijos fuera de la ciudad. Pero me da igual, si quieren que me arresten, porque no estoy dispuesta a amargarme la vida».
La situación irregular de palestinos como ella la heredan sus hijos. Unos 10.000 niños residentes en Jerusalén Este no tienen papeles, según el Jerusalem Center for Social and Economic Rights. Sin la residencia, que Israel les niega, no pueden matricularse en colegios públicos o acceder al seguro sanitario.
Jerusalén Este, donde viven 250.000 palestinos, está plagado de dramas personales. Los árabes son un tercio de la población pero reciben menos de un 10% del presupuesto municipal. Hay pocas familias que no estén amenazadas por una u otra medida administrativa como las mencionadas, como las demoliciones de casas, unas 100 al año, como el desahucio forzoso.
Se vive con los nervios a flor de piel. El temporizador, se opina en la calle, vuelve a estar en marcha.