La India recuerda hoy uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente: el derribo a cargo de integristas hindúes de la mezquita de Babri en 1992
Unos 700 miembros de las fuerzas de seguridad y tres equipos especiales de detección de explosivos se han desplegado en Ayodhya, localidad donde se hallaba el templo, para evitar incidentes, según una fuente oficial citada por la agencia de noticias PTI.
En varias partes del país, como en la capital, se han registrado protestas musulmanas para exigir al Gobierno que castigue a los culpables, mientras que grupos integristas hindúes han celebrado el 17 aniversario.
El Ministerio de Interior, hace dos días, ya puso en alerta todos los estados indios y apeló a la población a 'mantener la paz y la armonía religiosa' en el día del aniversario.
El 6 de diciembre de 1992, tras una larga marcha por toda la India, una turba de hinduistas llegó a Ayodhya (estado de Uttar) y destruyó la mezquita de Babri (siglo XVI), levantada según los hindúes sobre el lugar de nacimiento y un antiguo templo de su dios Ram.
Los disturbios que se registraron a continuación en varios puntos de la India dejaron unos 2.000 muertos.
Este año, el aniversario viene marcado por la tormenta política desatada tras la esperada presentación en el Parlamento del informe encargado al juez M.S. Liberhan sobre aquellos sucesos.
El 'Informe Liberhan', que ha tardado 17 años en ser elaborado, acusa a prominentes líderes del principal partido de la oposición, el hinduista Bharatiya Janata Party (Partido Popular de la India, BJP) y del entramado político-religioso que lo rodea de planear la demolición de la mezquita.
Pese a usar una dura retórica y tachar al ex primer ministro Atal Bihar Vajpayee (BJP) y a otros líderes de 'pseudomoderados' (algo que ha suscitado acaloradas protestas de la oposición), la comisión no pide acciones punitivas, sino que hace unas recomendaciones de las que el Gobierno ha dicho 'tomar nota'.
El Ejecutivo se ha comprometido a 'agilizar' los casos judiciales pendientes por el derribo de la mezquita, pero organizaciones islámicas han puesto el grito en el cielo para pedir que se castigue ya a los culpables.
'El Gobierno de la India no se toma en serio estos casos ni la persecución de estos crímenes', dijo a Efe Abdul Rahim Qureshi, portavoz de una asociación de defensa de los derechos de los musulmanes.
El portavoz lamentó que 'ningún juicio' haya empezado hasta ahora y que los casos pendientes estén languideciendo en una corte de Lucknow (capital de Uttar) y otra de Rae Bareli, en el mismo estado.
En uno de ellos, cuya investigación asumió en 1993 el Buró Central de Investigación (CBI), estaba originalmente acusado el actual líder del BJP, L.K. Advani, pero el juez rehusó su procesamiento.
'Es uno de los crímenes más atroces que se han cometido en la India', sostuvo Qureshi, quien criticó la pasividad de las fuerzas de seguridad de Uttar durante los hechos.
El portavoz de la organización islámica señaló como responsable principal al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), uno de los mayores grupos de voluntariado de masas del mundo, que propugna el concepto de 'hindutva' o 'hinduidad', con sus raíces intelectuales en el nacionalismo cultural hindú.
Del influyente RSS, fundado en la era preindependiente, han salido en las últimas décadas buena parte de la cúpula dirigente del BJP, partido que tras los sucesos de Ayodhya inició su consolidación como fuerza nacional y hoy está sumido en un debate interno sobre si cortar su cordón umbilical con este grupo o permanecer fiel a la más rigurosa ideología hinduista.
El líder del RSS, Mohan Bhagwat, constató ayer a la prensa que su grupo 'no se arrepiente' del derribo y se enorgullece de que el proyecto de construir el templo a Ram esté asociado a sus siglas.
El Tribunal Superior de Allahabad debe fallar sobre qué hacer con las ruinas de Ayodhya, mezquita para unos y santuario hindú para otros, pero de momento es uno más de los 30 millones de casos acumulados en la justicia indias, según datos oficiales recogidos por los medios.
'Las autoridades están llevando a cabo labores de mantenimiento en el lugar -dijo a Efe una fuente del Instituto Arqueológico de la India, inquirida sobre su estado actual-. El caso está en manos de la corte'.